Marcos Morell, ex secretario general del PNP, y el ex director de finanzas de esa colectividad René Vázque Botet enfrentan cargos por soborno en el caso del Acueducto Norte.

El “Supertubo”, como lo ha bautizado irónicamente el pueblo, fue parte de los megaproyectos que impulsó durante sus dos cuatrienios el ex gobernador Pedro Rosselló (1993-2001), plagados de corrupción gubernamental y política.

Para este juicio, que ha sido dilatado por los involucrados mediante diversos recursos legales, quedó constituido el jurado por seis hombres e igual número de mujeres en la sala del juez federal José A. Fusté.

Morell, abogado de profesión, y Vázquez Botet, prestigioso oftalmólogo pediátrico, impulsaron la recaudación de fondos para las infructuosas campañas de Rosselló que pretendían “acercar a Puerto Rico” a la anexión total a Estados Unidos.

Rosselló, presidente del PNP, ocupa actualmente un escaño en el Senado de Puerto Rico luego de fracasar en su intento de recuperar la gobernación del país en las anteriores elecciones generales, que ganó Aníbal Acevedo Vilá, del Partido Popular Democrático (PPD).

Como principal testigo de cargo figura otro ex hombre fuerte del PNP, José Granados Navedo, quien en el año 2000 abandonó abruptamente la vicepresidencia de la Cámara de Diputados al confirmarse que recibió en una caja de calzados 250 mil dólares en efectivo.

El dinero provenía de los sobornos repartidos por los directores del Instituto del Sida de San Juan, que se nutría de fondos provenientes de programas del gobierno de Estados Unidos.

Granados Navedo ascendió en la estructura del PNP desde su organización juvenil, luego de sobresalir en la década de 1970 en la Universidad de Puerto Rico por su participación en cruentos incidentes contra militantes de izquierda.

Ahora su testimonio contra Morell y Vázquez Botet resultará capital para desentrañar en parte el esquema de corrupción que se estableció durante el gobierno de Rosselló para enriquecimiento personal y las arcas del PNP.

Tal fue el grado de apropiación de dinero público en la esfera empresarial, que el entonces jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, Guillermo Gil, dijo que la corrupción “en Puerto Rico tiene nombre y apellido: Partido Nuevo Progresista”.

Morell y Vázquez Botet alegaron que su procesamiento en el tribunal federal forma parte de una persecución política contra figuras prominentes del PNP con el propósito de dañar las posibilidades de que Puerto Rico obtenga la anexión a Estados Unidos.

Este alegato, sin embargo, se debilita luego de que el esquema de apropiación de dinero público, proveniente de empresas privadas, dejó como saldo la acusación o condena de cerca de 40 funcionarios de la administración de Rosselló y de empresarios privados.

El caso más sonado fue el del ex secretario de Educación Víctor Fajardo, quien llegó a tener en una caja fuerte 4,3 millones de dólares recibidos en sobornos de contratistas privados.

De ese dinero, casi un millón de dólares pasó a nutrir las arcas del PNP, según quedó establecido en el juicio contra Fajardo, quien desde diciembre de 2002 purga una condena de 12 años de prisión.