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 Noticias: Caso de violencia policial en Puerto Rico aviva debate sobre pena de muerte
Enviado por: webmaster |
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El debate sobre la pena de muerte se reactivó en Puerto Rico ante la posibilidad de que la Fiscalía Federal pida la pena capital para seis policías municipales acusados de matar a golpes a un detenido en 2003.
Desde la familia de la víctima hasta el gobernador de la isla, Aníbal Acevedo Vilá, pasando por organismos de derechos humanos, han expresado su oposición a la pena capital, que está expresamente prohibida en la Constitución de 1952.
Sin embargo, la autonomía de Puerto Rico está limitada por el estatuto de Estado Libre Asociado a Estados Unidos, y en el caso de la justicia los tribunales federales estadounidenses tienen supremacía en determinadas áreas sobre los de los estados.
Ante informaciones del Departamento de Justicia de EEUU que señalan que la Fiscalía Federal puede llegar a pedir la pena capital para los seis policías, el gobernador Acevedo Vilá pidió que se respete la 'idiosincrasia' puertorriqueña.
'Aquí creemos en el castigo seguro al criminal, pero no creemos en la pena de muerte', sostuvo el gobernador.
Los padres del fallecido, José Antonio Rivera Robles, también declararon en diferentes medios que no están de acuerdo con la aplicación de la pena de muerte para quienes mataron a su hijo.
La Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico condenó la brutalidad policial, pero subrayó que 'en ningún caso' se justifica la aplicación de la pena de muerte, que es 'algo aberrante' viniendo del Estado, que debería 'velar por el bienestar de todos los ciudadanos'.
Según la Policía municipal de San Juan, el 20 de julio de 2003 dos agentes acudieron a atender a Rivera Robles, de 34 años, cuando éste gritaba en la calle que lo iban a matar, pero rechazó la ayuda de los uniformados, con los que se enfrentó en un forcejeo y acabó huyendo tras apropiarse de un automóvil policial.
Cuando los policías encontraron a Rivera Robles en una gasolinera, supuestamente lo golpearon y poco después de llegar al cuartel murió.
Uno de los últimos casos en Puerto Rico en el que la fiscalía federal pidió la pena de muerte fue contra Carlos Ayala López, que en 2006 fue sentenciado a prisión de por vida por el asesinato de un agente federal.
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