14 de febrero de 2008

 

 

 

Senador Barack Obama

713 Hart Senate Office

Building

Washington, D.C. 20510

(202) 228-4260

 

Obama for America

P.O. Box 8210

Chicago, Illinois 60680

 

Estimado Senador Obama:

 

            Saludos y espero que al recibo de esta carta se encuentre bien.  Aunque no debo contestar cartas que no han sido dirigidas a mí, como su carta del 12 de febrero de 2008 dirigida al Gobernador de Puerto Rico ha sido remitida a él dentro del contexto de una campaña política,  me siento obligado a contestarla. Siento que tengo esa obligación por el interés público del contenido de su carta y porque  desde hace más de treinta años  he estado activo políticamente en diferentes niveles para promover el desarrollo y la autodeterminación de mi país. Contesto su carta entonces en mi carácter personal  y por otros puertorriqueños que quizás comparten mi forma de pensar.

 

            En primer lugar, quiero felicitarle por su campaña y por la forma en que está abriendo caminos y promoviendo cambios en la política de los Estados Unidos.  Su compaña ha sido excelente, sus discursos  inspiradores y le  deseo  éxito no solamente en las primarias, pero también en las elecciones de noviembre  y posteriormente en la Casa Blanca.

 

            Su carta del 12 de febrero de 2008 indudablemente es el producto de un cuidadoso trabajo político en el que tienen que haber intervenido sus asesores y operativos políticos de Puerto Rico que evidentemente buscan promover unos intereses políticos particulares, y en el contexto de una campaña política tan cerrada como la que usted enfrenta, la coyuntura es ideal para hacer unos pedidos a un líder político para obtener a cambio de unos  endosos unas promesas políticas.  Esto no quiere decir que el producto de su carta sea necesariamente parte de un proceso inherentemente corrupto, pero eso es parte  del proceso político.  Es por eso que cuando se buscan y ofrecen  promesas políticas, hay que tener sumo cuidado con la información que se brinda al candidato por quienes quieren a cambio unas promesas, porque a veces ellos  hacen unas representaciones que no necesariamente van a ser correctas, provocando dichas representaciones unas  promesas que pueden partir de una premisas equivocadas. Ante ello  procedo a compartir con usted  unas inquietudes en torno a su carta partiendo de la primera oración de la misma.

 

            “Puerto Rico es una importante y vital parte de nuestro país y los puertorriqueños  han  hecho  contribuciones inmensas  a los Estados Unidos”. 

 

          Lo de las contribuciones es correcto.  Basta con tomar nota del número de puertorriqueños que han pagado con sus vidas en las guerras en las que Estados Unidos ha intervenido a lo largo del Siglo XX y hasta el presente en Irak.  Pero la primera premisa  de su oración  no es correcta.  Puerto Rico no es y nunca ha sido  parte de los Estados Unidos.  Considerando su experiencia como abogado sugiero examine la opinión  del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Downes v. Bidwell 182 U.S. 245 (1901), en donde se establece que Puerto Rico es una posesión territorial de Estados Unidos no incorporada a los Estados Unidos.  Citando directamente las palabras del Juez Henry B. Brown en su opinión,  él expresó que Puerto Rico “es un territorio adjunto a y propiedad de los Estados Unidos, pero no parte de los Estados Unidos”.  Dicha opinión ha sido objeto de ataques por la vía judicial pero nunca ha sido revocada,  de modo que no obstante el hecho de que el Congreso de los Estados Unidos impuso  sobre los puertorriqueños la ciudadanía de los Estados Unidos en 1917 y  a pesar del hecho de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico en 1917  rechazó la misma por unanimidad, desde el momento en que su país  ocupó militarmente a Puerto Rico por virtud de una invasión militar durante la Guera Hispanoamericana en 1898 hasta el día de hoy,  Puerto Rico ha sido un país, controlado militar y políticamente por Estados Unidos que no forma parte de los Estados Unidos. Esa barrera artificial creada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no se ha limitado a una exclusión jurídica a lo largo de la historia. Los puertorriqueños han sido tratados a lo largo del siglo XX y hasta el presente de forma discriminatoria no solamente en los Estados Unidos, así como tantos inmigrantes latinoamericanos, pero de país a país el discrimen ha sido enorme en la medida en que a Puerto Rico se le ha reconocido siempre por las elites de poder de su país como un territorio colonial habitado por seres inferiores, que no son merecedores ni de la libertad, ni de gobernarse por sí mismos, ni de formar parte de los Estados Unidos como un estado más. Una lectura de los récords congresionales a principios del siglo XX sobre Puerto Rico sería prueba elocuente de esa realidad así como también el récord a lo largo de los últimos cien años de rechazo por esas elites y por el Congreso de los Estados Unidos a todos los esfuerzos de muchos grupos, líderes y organizaciones políticas de Puerto Rico que han tocado sus puertas para lograr cambios en la relación política entre ambos países ya sea para que se confiera a Puerto Rico la independencia, o mayor autonomía, o la estadidad.      

 

            Más aún, en 1898,  Puerto Rico era un país autónomo que contaba con un tratado con el Reino de España por virtud del cual los puertorriqueños contaban con el poder,  dentro de su relación con España,  de  decidir qué leyes españolas aplicaban a Puerto Rico,  y con el poder de adoptar  tratados comerciales con otros países  y de determinar qué tratados de España con otros otras naciones aplicaban a Puerto Rico, entre otros poderes.  Antes de la invasión de 1898 Puerto Rico era un país con su propio idioma, cultura e identidad nacional.  Pero desde la invasión de 1898, invasión llevada a cabo sin que los puertorriqueños hubieran llevado a cabo acto de agresión de índole alguna contra  el pueblo  de los Estados Unidos,  a pesar de los ataques a nuestra cultura por su gobierno, la misma sigue con vida,  y   jamás nuestro país ha contado con los poderes con los que contó en  su tratado con  España.  De hecho, desde el momento en que comenzó la ocupación militar  en 1898 hasta el presente, los puertorriqueños han estado a merced de la voluntad del Departamento del la Defensa, del Presidente de los Estados Unidos, edl Congreso y de  los tribunales  de justicia federales sin que en 1898 o desde ese entonces,  se le hubiera pedido a los puertorriqueños su opinión en cualquier  respecto,  y sin que a los puertorriqueños se les  permita participar en los procesos a través de los cuales se escoge al Presidente por voto directo. 

 

            Si como usted dice en su carta, como Presidente habrá de prestar atención directa sobre el bienestar de los puertorriqueños,  obligación que Estados Unidos ha obviado  a lo  largo  de la historia desde 1898, y en violación a los Artículos  55, 56, 73 y 74 de la Carta Constitutiva de la Organización de Naciones Unidas, le insto a que no se limite a escuchar a los políticos profesionales que han ejercido control sobre Puerto Rico en contubernio  con el Gobierno de Estados Unidos y con las elites republicanas y demócratas,  precisamente para mantener el estado de situación colonial que ha oprimido al país desde el 1898. Le insto a  ir a  la raíz de las cosas  exigiendo ver, estudiar y prestar atención a la historia de Puerto Rico, y las experiencias  de los Estados Unidos a lo largo  del Siglo XX y la forma en que ha intervenido  invadiendo   países sin justificación válida alguna y solo contando con sus intenciones imperiales.  Y con el paso del tiempo ya hemos visto cómo la Guerra Hispanoamericana fue una guerra inventada para promover los intereses imperiales de Estados Unidos en aquel entonces puesto que España no tenía ni por qué ni con qué iniciar una guerra contra los Estados Unidos.    Usted no tenía  porqué conocer la historia de Puerto Rico, pero siendo ahora candidato a Presidente, tiene la obligación  de conocerla, y  usted es una persona educada e inteligente, que conoce la historia de los Estados Unidos, de modo que tiene que saber a qué me refiero.

 

            Por eso me complace su interés en la autodeterminación de Puerto Rico, pero esa promesa de autodeterminación en la  que tienen que participar los puertorriqueños y el gobierno de Estados Unidos,  tiene que partir en lo que a Estados Unidos respecta, de un reconocimiento  de la violación por parte de su país en lo que a Puerto Rico respecta de los principios bajo las cuales se fundaron los Estados Unidos en 1776, como apuntaré más adelante.  Y ese reconocimiento  es esencial, porque de lo contrario quedará impune la agresión a la que los puertorriqueños han sido objeto desde la invasión de 1898, agresión que ha incluido  la confisación de parte del territorio de Puerto Rico  para establecer bases militares, la imposición de  la educación en inglés en las escuelas desde la invasión militar, el reclutamiento militar para participar en guerras declaradas por el gobierno de los Estados Unidos sin que los puertorriqueños hayan contado con el   derecho de votar por el Presidente de los Estados Unidos y sin tener representación con voz y voto de el Congreso, el control federal sobre nuestros medios de comunicación, recursos naturales y el comercio,  y la persecución de los promotores de la independencia de Puerto Rico a través del discrimen político, el encarcelamiento, los asesinatos políticos y el uso del miedo y del  terror y de la criminalización de la lucha por la independencia para que el apoyo independentista en Puerto Rico se reduzca o sea inexistente, entre otros métodos de control y represión utilizados para mantener a mi país atado a la voluntad y el capricho político de los Estados Unidos en el Caribe y en toda Latino América. Y  la forma más odiosa y vergonzosa  de control antidemocrático, en particular a lo largo de los últimos cincuenta años,  ha sido la manera   en que ante  todos los esfuerzos de grupos políticos de Puerto Rico que han ejercido   en alguna medida control sobre el gobierno local que han   acudido ante el Congreso de Estados Unidos y su gobierno para solicitar cambios en la relación política  para promover la estadidad, diferentes tipos de asociación con Estados Unidos o la independencia,  han sido ignorados con una contestación insultante y  al mismo tiempo inaceptable a la altura del siglo XXI , “cuando ustedes se pongan de acuerdo, nos sentaremos para resolver el problema del status”.  Obviamente, nunca nos vamos a poner de acuerdo porque quien provocó el problema, los Estados Unidos, desde la invasión del 1898,  ha provocado la división entre nosotros y la ha mantenido precisamente para que no nos pongamos de acuerdo para perpetuar la relación colonial.

 

            Ante esta realidad, usted no puede entonces mantener ni durante su campaña política primarista, ni para la presidencia, y menos aún de lograr alcanzar la Casa Blanca, la neutralidad que promete ofrecer en su carta. No puede ser neutral. Tiene que asumir la responsabilidad en representación de su partido y de su gobierno por la invasión y por  la relación colonial a la que su país ha sometido a los puertorriqueños a lo largo de los años desde el año 1898.  La falta de reconocimiento de estos hechos por su parte y por su gobierno no solamente contribuiría  a que esa historia quede impune, pero además perpetuaría la forma en que la independencia como opción continue siendo  criminalizada y discriminada; y si usted y su gobierno no se comprometen a reconocer ese pasado y a reparar los agravios provocados  por el mismo, el estado de gobierno en el que nos encontramos desde el 1898 hasta el presente no terminará con la paz,  y no habrá en lo que ambas partes respecta una verdadera autodeterminación.

 

            Agradezco las promesas que hace en su carta en cuanto a Vieques y el desarrollo económico, aunque tengo que ser sincero en que las mismas parecen  un listado de promesas ofrecidas  a cambio de un endoso, y ya   los políticos profesionales de Puerto Rico están haciendo uso  de su carta para todo tipo de fines político  partidistas.  No obstante espero que sea honesto y sincero en lo propuesto y que su interés en Puerto Rico y los puertorriqueños sea uno legítimo y no una necesidad política inmediata para añadir fuerza a su campaña primarista. Desafortunadamente, la historia no está de su lado, porque todas las promesas de los candidatos presidenciales hasta el día de hoy en lo que a Puerto Rico respecta, no han sido cumplidas, y  de nada vale la atención que usted pueda brindar a los problemas económicos de Puerto Rico y de Vieques  si no se atiende de una vez y para siempre de una forma franca y honesta el problema colonial reconociendo la culpa por la agresión a la que han sometido a los puertorriqueños desde 1898.  Su opinión en su carta del 12 de febrero en lo que respecta a los informes del Comité Interagencial de Casa Blanca sobre Puerto Rico del 22 de diciembre de 2005 y el 21 de diciembre de 2007 de que la soberanía de Puerto Rico no puede ser transferida unilateralmente por Estados Unidos a otros países  nos brinda una esperanza y un buen punto de partida para salir de la encrucijada colonial.  Si esa es su manera de pensar, entonces tiene que también concluir que de igual forma el Reino de España no podía transferir la soberanía de Puerto Rico a Estados Unidos en 1898 y Estados Unidos no podía aceptar esa soberanía porque Puerto Rico en 1898 no era un predio de terreno, era lo que sigue siendo hoy, una nación.

            Por tanto, es forzoso concluir, si esa es honestamente su opinión, que el poder ejercido  por su país sobre el mío desde 1898   ha sido ilegal, aún cuando determinados grupos políticos de Puerto Rico hayan optado por conveniencia política, económica y social a aceptar esa realidad, porque en el derecho natural los actos nulos y contrarios al derecho internacional, a las reglas que gobiernan las relaciones entre los pueblos del mundo, a la moral y al orden público, no pueden ser legitimados por el consentimiento de quienes están sujetos al control sobre una de las partes.  Eso sería como pedir a las minorías que consientan al trato discriminatorio.  Y si tiene alguna duda en torno a esos principios morales y jurídicos,  traigo a su atención la propia historia de su país partiendo de la Declaración de la Independencia que dice y cito:

                                                           

“Cuando en el curso de los eventos humanos, se hace necesario por un pueblo disolver los vínculos políticos que les ha unido a otro, y a asumir entre los poderes de la tierra, el estado separado e igual al que las Leyes de la Naturaleza y la Naturaleza de Dios les confiere, el  decente respeto a las  opiniones de la humanidad requiere que ellos declaren las razones que les obliga a la separación.   Reconocemos estas verdades que son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, que reciben del Creador una serie de derechos inalienables, entre los cuáles están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad.  Para salvaguardar esos derechos los gobiernos son establecidos entre los hombres, derivando sus justos poderes del consentimiento de los gobernados.  Que cuando cualquier forma de gobierno se convierte en destructivo para esos propósitos, es el derecho del Pueblo alterar o abolirlo; e instituyendo un nuevo gobierno, construyendo sus bases sobre esos principios y organizando sus poderes en tal forma, que pueda para ellos con mayor probabilidad lograr esa Seguridad y esa Felicidad”. Enfasis suplido.