Choque de ideología divide al Tribunal Supremo de Puerto Rico
February 4th 2012 · 0 Comments
El Tribunal Supremo de Puerto Rico, una de las pocas instituciones al margen del debate partidista en el país, entró en un sisma cuando seis de los jueces asociados desafiaron la autoridad de Federico Hernández Denton, juez presidente.
Estos jueces fueron nombrados por la administración del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y están alineados con la mayoría del Senado de Puerto Rico que busca sacar de carrera a Hernández Denton. Cuestionaron su autoridad por ordenar una investigación sobre el uso de los vehículos y el personal de confianza de la Rama Judicial.
Con esta acción, impugnada por sus rivales políticos en la judicatura, el Juez Presidente Hernández Denton tiene como aparente objetivo invalidar una pesquisa de la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura del Senado.
La acción del Senado, impulsada por su presidente Thomas Rivera Schatz, es considerada por los Juristas como una violación a la separación de los tres poderes constitucionales que caracteriza el sistema republicano imperante en Puerto Rico, un estado libre asociado a Estados Unidos, con cierta soberanía interna.
Hernández Denton fue nombrado juez asociado en 1985 por el entonces gobernador Rafael Hernández Colón, del Partido Popular Democrático (PPD), principal de oposición. Deberá retirarse en año y medio al cumplir la edad límite de 70 años. En 2004 fue designado Juez Presidente por la gobernadora Sila M. Calderón, también del PPD, y confirmado por el Senado ante el retiro de la jueza Miriam Naveira.
Los jueces asociados nombrados por administraciones del PNP se han constituido en la “nueva mayoría”, después que el gobernante puertorriqueño Luis G. Fortuño amplió de siete a nueve el número de jueces que integran el máximo foro judicial del país.
En respuesta a la decisión del Juez Presidente, el “comité azul”, como le denominan algunos analistas políticos, decidió crear un comité de afines ideológicos para investigar las razones por las que la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) inició una investigación del uso de fondos públicos en la Rama Judicial.
Esta acción se produjo después que el senador oficialista Roger Iglesias advirtiera a Hernández Denton de no interferir con los 77 testigos que usará el Senado en su investigación.
Sonia Ivette Vélez Colón, jueza administradora de la OAT, también se ha convertido en blanco de las acciones de los anexionistas, ya que responde al Juez Presidente.
La constitución de Puerto Rico establece la separación de poderes y otorga las prerrogativas al Juez Presidente en la administración de los tribunales.
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