Dinero para asesores y cabilderos del Proyecto del Gasoducto
August 30th 2011 · 0 Comments
Sumados a la cartera de asignaciones que han tenido este año, a un costo de sobre $2 millones, los cabilderos y asesores del gobierno de Luis Fortuño en Washington están el controvertido proyecto del Gasoducto y la investigación federal sobre la Policía
La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) depende de los servicios de la empresa de cabilderos Bryan Cave, con honorarios de hasta $250,000 desde febrero para que le ayude a promover el proyecto del Gasoducto de Luis Fortuño (“Vía Verde”).
Jeffrey Berman (primer cabildero de Fortuño) de Bryan Cave maneja tanto la cuenta de la AEE, como la que ha tenido desde principios de este cuatrienio con la Administración de Asuntos Federales (PRFAA). El contrato de Berman con PRFAA quedó reducido a la mitad, de $240,000 durante el pasado año fiscal a $120,000, tras la asignación con la AEE.
“Con Vía Verde nosotros ayudamos en lo que podemos”, dijo Nicole Guillemard, directora ejecutiva de PRFAA.
Bryan Cave representará al director ejecutivo (Miguel Cordero) ante las agencias federales y el Congreso en todo el proceso de solicitud de permisos del Gasoducto, según contrato con la AEE, que persigue transmitir gas natural a través de una tubería gigantesca que recorrerá 92 millas del territorio de Puerto Rico. Bryan Cave tiene un tercer contrato de $90,000 con la Autoridad de Puertos este año fiscal que comenzó en julio y termina en junio de 2012.
El Gobierno de Puerto Rico también ha intensificado su presencia en Washington para lidiar con la investigación que tiene abierta el Departamento de Justicia federal sobre violaciones de derechos civiles por parte de la Policía.
Desde noviembre de 2010 hasta junio de 2011, el bufete de Wilmer & Hale tuvo un contrato de $500,000 con la Policía de Puerto Rico a pesar de que hace días Emilio Díaz Colón, jefe policial, cuestionó durante horas si la investigación federal existía. La Policía no ha precisado si este contrato fue renovado.
Wilmer & Hale, por $150,000, ha representado al Departamento de Justicia en el caso federal del abogado estadista Gregorio Igartúa, a quien se unió para defender la teoría de que Puerto Rico debe tener derecho a enviar representantes con plenos derechos al Congreso.
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